El fantasma Bolkestein y la directiva de servicios
José M. de Areilza y Marie-José Garot
21 de Abril, 2006
La votación en primera lectura de la nueva propuesta de directiva de servicios en el Parlamento Europeo el jueves pasado es un paso adelante en la realización del mercado europeo, en el cual es fundamental no sólo la libre circulación de personas, mercancías y capitales sino también la de los servicios, cuya importancia económica cada vez es mayor.
Esta norma tiene por objeto eliminar las trabas a la libertad de establecimiento de empresas y profesionales en los Estados miembros y facilitar la libre circulación de los servicios entre los 25 Estados de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha enmendado ampliamente el texto propuesto por la Comisión (pactada previamente con los Estados miembros), después de encontrar un compromiso entre los dos principales grupos políticos, el PPE y el PSE y resistir la oposición de muchos parlamentarios del Este.
Queda ahora al Consejo de Ministros decidirse sobre el texto adoptado en el Parlamento Europeo. De todas maneras, el texto definitivo no se podrá adoptar sin un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, conforme a las reglas de codecisión.
La reciente ampliación de 2004 es una razón poderosa para avanzar en la liberalización de servicios, pero este paso llena de temores a los viejos Estados miembros, inquietos ante los efectos de una mayor competencia intraeuropea. Al final, la directiva se perfila como una etapa más en un camino lento y con muchas cautelas hacia la mayor libertad económica. Es cierto que la nueva propuesta presentada por la Comisión, el 13 de enero, se inspira en el proyecto de directiva Bolkestein, bautizada con el nombre del entonces comisario de Mercado Interior, Fritz Bolkestein.
Este borrador anterior, más pro-mercado, supuestamente favoreció el no francés a la Constitución Europea en mayo pasado, no tanto por su contenido real como por las exageradas interpretaciones de sus consecuencias, una carrera a la baja en la protección social, medioambiental, etcétera. El comisario Bolkestein parecía querer eliminar todas las trabas de un solo golpe, aplicando sin más al prestador de servicios la legislación de su país de origen. Así, el famoso fontanero polaco hubiera podido instalarse en Francia, facturando lo mismo que en Polonia y provocando el dumping social. El argumento pesó mucho en la campaña francesa en contra de la Constitución Europea.
Empresas y profesionales
Ahora, la referencia al “principio del país de origen” ha sido definitivamente abandonada. El texto votado por el Parlamento Europeo mantiene la obligación de los Estados miembros de asegurar un libre acceso a su territorio para los empresas y profesionales no nacionales, con la interdicción de imponer trabas administrativas discriminatorias y desproporcionadas. En cambio, los prestatarios no nacionales tendrán que respetar las reglas del país destinatario, es decir, en el cual prestan sus servicios, en particular, en materia de derecho social y de convenios colectivos. El acceso puede ser restringido por motivos de orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente o salud pública. La futura transposición al derecho nacional de la directiva y la interpretación final de la norma europea por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea serán fundamentales para entender el punto de equilibrio de estos valores jurídicos en conflicto.
Uno de los puntos conflictivos se refería a los servicios cubiertos por la directiva. En regla general, la directiva se aplica a todo servicio ofertado por un prestador establecido en un Estado miembro. Se incluyen así las servicios de consultoría, publicidad, construcción o guardería, por dar algunos ejemplos. Quedan, sin embargo, muchos servicios excluidos del ámbito de aplicación de la directiva: no existe una lista definitiva, pero los eurodiputados proponen excluir los servicios de interés general, según se defina en cada Estado, así como los servicios legales, sociales, de salud (tanto públicos como privados), audiovisuales, los juegos y las loterías, las notarías, las agencias de trabajo temporal o los servicios de seguridad.
En cualquier caso, la oposición entre más libertad económica y más protección social tiene algo de falso debate en este caso. Casi todas las voces autorizadas han desmontado esta dicotomía, subrayando que la directiva de liberalización de servicios en su versión actual es muy equilibrada y no desmantelará los sistemas de protección social de los países más prósperos. Por el contrario, debería permitir su modernización, ya que el impacto en el crecimiento económico será positivo. Tampoco es cierto que la ampliación deba ser vista sólo como una amenaza, sino que en casos como éste del sector de servicios tiene mucho de oportunidad económica. En general, y con algo de perspectiva histórica, la realidad comprobada es que cada vez que la Unión ha crecido en número de socios, el proceso ha beneficiado al cabo de poco tiempo al conjunto de los europeos.
Publicado en Expansión, 20 de febrero, 2006
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