Mito y realidad del Tratado de Lisboa
José M. de Areilza
14 de diciembre, 2007
Ayer se firmó en Lisboa el nuevo Tratado que reforma la Unión Europea. Una peculiaridad de este acuerdo es que ya antes de su adopción se ha creado un mito alrededor suyo. Los líderes europeos lo presentan como una manera pragmática de sacar de una supuesta parálisis a la Unión, una vez ha fracasado la Constitución europea. Merece la pena separar el mito y la realidad, aunque, como nos recuerda el historiador Fernando García de Cortázar, las historias creadas para hacerlas pasar por verdad muchas veces terminan atrapando a sus propios inventores y la fábula oficial puede acabar triunfando.
En su versión mítica, el texto adoptado se presenta como un rescate de sólo algunas partes de la Constitución, una operación que habría sido posible en buena medida por la renovación del tándem franco-alemán por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. El Tratado de Lisboa permitiría que al menos funcionen las instituciones de Bruselas de modo más eficaz y democrático, en una Unión con 27 Estados miembros muy diferentes en grado de desarrollo económico, político y social. Su redacción a través de un lenguaje oscuro y difícil y las numerosas condiciones, opt-outs, protocolos y declaraciones, todo ello en mayor grado que lo acostumbrado en la UE, se justifica diciendo que versa sobre cuestiones muy técnicas y que la complejidad es uno de los precios que hay que pagar para proseguir con la integración europea. El abandono de los símbolos constitucionales y la palabra «Constitución» se explica como una decisión de posponer los debates más polémicos sobre la identidad europea y facilitar el acuerdo y el paso hacia la «Europa de los resultados» que reclaman los ciudadanos europeos.
Hasta aquí la máscara con la que se intenta hacer más valioso y atractivo el acuerdo. La realidad es otra. Detrás de Lisboa no hay una renovación profunda del tándem franco-alemán con un proyecto europeo compartido y atractivo para todos los europeos. Al contrario, los gobiernos de estos dos países han impulsado el Tratado de Lisboa por razones distintas. Alemania quería ganar peso en el Consejo de Ministros y Francia, salir del rincón europeo en donde le había metido Chirac. Lisboa se ha acordado en medio de graves diferencias entre Merkel y Sarkozy en torno al gobierno económico europeo, un disenso que ya se extiende a otras áreas (Unión Mediterránea, Ronda de Doha, África).
La UE no ha sufrido una parálisis en estos años desde la entrada en vigor del Tratado de Niza en 2002, sino que ha seguido funcionando con bastante normalidad. Sin embargo, la mayoría de los mandatarios europeos ha entendido la crisis constitucional al revés -el pueblo se ha equivocado votando «no», cuidado con fiarse de los ciudadanos en cuestiones europeas-. Han sido los líderes y no las instituciones los que han atravesado un bloqueo psicológico que les ha impedido impulsar y renovar la agenda europea (energía, cambio climático, inmigración, capacidad europea de competir en la globalización) en Bruselas y en sus capitales nacionales.
Los propios negociadores de Lisboa no niegan que el nuevo texto contiene casi todas las novedades de la Constitución europea y que no tiene nada de reforma de mínimos. Tampoco pueden ocultar que la utilización de un lenguaje oscuro es una decisión deliberada para disimular sus contenidos y desincentivar debates públicos y referendos. Hace unas semanas, el Comité Europeo de la Cámara de los Comunes llegaba a esta conclusión: «El tratado es sustancialmente equivalente a la Constitución» y el presidente de la Convención Europea, Valery Giscard D´Estaing, hacía público su amargo y coincidente veredicto: «Sólo ha cambiado el formato para evitar los referendos». Es decir, el Tratado de Lisboa es la Constitución disfrazada y empeorada, como si el precio a pagar por la reforma europea fuese cerrar la caja de Pandora del debate público y volver no sólo al elitismo dominante en el origen del proceso de integración, sino a la diplomacia secreta del siglo XIX. El nuevo acuerdo para colar los contenidos de la Constitución por la puerta de atrás ha sido redactado en tres meses, en una conferencia diplomática de perfil muy bajo que seguía un confuso mandato apenas negociado entre los 27 gobiernos. El resultado es una absurda fuga hacia una Europa dadaísta, con un oscurecimiento deliberado de las nuevas reglas del juego y un negativo ensalzamiento de lo técnico por encima de lo político. A pesar de que sólo Irlanda por ahora someterá el acuerdo a referéndum, nadie asegura, sin embargo, que entrará en vigor en 2009, porque sigue siendo necesaria la ratificación por 27 Estados para ello.
Lo mejor del Tratado de Lisboa es que incluye avances significativos en las políticas comunes y mejoras institucionales. Pero su parte peor, el proceso de negociación y redacción, supone un empeoramiento grave de las formas y daña la legitimidad del proyecto europeo. El rescate hace más vulnerable a ataques euroescépticos al conjunto de principios, normas y prácticas que definen la relación entre la UE y los Estados y entre la UE y los individuos, es decir, a la verdadera constitución material definida poco a poco a lo largo de cincuenta años de Comunidad Europea y a sus futuros y necesarios desarrollos en los que el carácter constitucional de los tratados europeos debería reaparecer. Con Lisboa desaparecen de los nuevos tratados tanto la palabra «Constitución» como la propia expresión «Comunidad Europea», por lo que cabe pensar que se ha tirado fuera al niño con el agua del baño.
Es cierto que este mismo proceso de desmitificación cabría hacerlo respecto a la Constitución europea, en el fondo una reforma institucional al gusto de Berlín y París, con algunas mejoras en las políticas comunes europeas y no un Big Bang europeo como se vendía en su momento. Pero el debate constitucional al menos formaba parte de la reflexión abierta en 1992 sobre democracia en las instituciones de Bruselas. La adopción del Tratado de Lisboa, en cambio, debe ser recordada, como uno de los hitos menos ejemplares de la integración europea.
(publicado en ABC, 14 de diciembre, 2007)
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If the decisions were taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen, and if the governments of the member states observed the principle of the equality of the Union’s citizens, the European Council would at least have hastened to publish consolidated versions of the Treaty of Lisbon in the 23 official languages of the European Union.
Personally, I find less fault with the procedure to exit from the cul-de-sac than with the repeated limitations of the Union’s powers compared to the member states and the rise of intergovernmentalism in words and deeds.
Especially the protocols and declarations show that many of the principles enshrined in the Treaties are empty shells, more or less.
A case in point are the common foreign, security and defence policies, which are 1) retained outside any meaningful democratic scrutiny, and 2) more or less nullified by the requirement to reach unanimous decisions in crucial questions, as well as 3) the declarations (30 and 31) in effect telling us that every country will coninue to act as it well pleases.
This is the re-enactment of Polish Diets with liberum veto, not a basis for speaking with one voice in the world.
On balance, the Lisbon Treaty is an improvement on the Treaty of Nice, but falls far short of the EU needed in the world.
Comment by Ralf Grahn — December 15, 2007 @ 3:38 am