Centralización vs incertidumbre
Jose M. de Areilza
2 de junio, 2009
Uno de los asuntos centrales de la campaña europea debería ser qué nuevos poderes económicos hay que transferir a Bruselas para hacer frente a una crisis económica que está poniendo a prueba a la joven moneda única europea. Tan sólo diez años después de su puesta en marcha, el por otra parte exitoso euro no está insertado en un sistema de gobierno económico europeo coherente. La crisis ha pillado a la UE sin haber completado este sistema y faltan demasiadas piezas del puzzle. En esta crisis hemos comprobado cómo muchas decisiones a escala europea chocan con decisiones nacionales o con la inacción en el ámbito estatal. La política monetaria es europea pero la fiscal sólo a medias y las reformas estructurales dependen de cada gobierno; la representación internacional del euro está fragmentada y la supervisión del sistema financiero en manos nacionales. De este modo, la docena de bancos realmente de dimensión europea y sus clientes sufren las incertidumbres, contradicciones y externalidades propias de quien juega en un mercado único pero está sometido a reguladores muy diversos en sus exigencias y capacidades. La tensión entre países miembros del euro y fuera de la moneda única es cada vez mayor, una vez que estos últimos se han endeudado seriamente en euros y el valor de sus monedas se ha desfondado.
Por eso tiene enorme interés el conjunto de propuestas hechas hace pocos días desde Bruselas para crear un mecanismo europeo de supervisión que fije normas obligatorias sobre la banca, los seguros y los mercados de valores y para poner en marcha un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico que detecte las burbujas y evite los colapsos financieros. En España el anuncio ha pasado casi indetectado en el fragor de una campaña que sólo cabe calificar de europea por razones geográficas.
Estas ideas de la Comisión que deberán plasmarse en legislación antes de 2010 se basan por un lado en el reciente informe Larosière, la contribución europea a los debates a favor de mejor regulación financiera que tienen lugar en el seno del G-20. El informe propone una seria reforma de la llamada arquitectura Lamfalussy , basada en comités de expertos con capacidad de regular en tiempo real el sistema financiero pero condicionados en exceso por la industria y los supervisores nacionales. Ahora se trata de asegurar que haya reglas comunes para todos los países, con un Sistema Europeo de Supervisores Financieros que realmente vincule a los supervisores nacionales. Por otro lado, se propone crear el llamado Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que dependería del Banco Central Europeo y estaría encargado de hacer saltar las alarmas antes de que se produzcan situaciones como las que el otoño pasado amenazó la viabilidad del sistema financiero. Ambas propuestas son profundamente políticas y sería un error discutirlas sólo en sus aspectos técnicos, ya que suponen la centralización de nuevos poderes en Bruselas.
La alternativa es posiblemente más intervención pública de cada Estado miembro, con el riesgo de nuevos episodios proteccionistas que dañan la realidad del mercado interior, la libertad de establecimiento y la libre circulación de capital y la libre competencia (la desordenada intervención pública ante la crisis en el ámbito nacional está creando muchas barreras y distorsiones al mercado europeo). Yo creo que estos pasos adelante propuestos a escala europea son necesarios y deben ser legitimados a través del debate, ya que abren nuevos interrogantes sobre la democracia y la eficacia de las instituciones de la UE –el genio del debate constitucional ha salido de la botella y ya no hay manera de que vuelva a entrar.
(publicado en ABC.es, 1 de junio, 2009)
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