El bálsamo de Fierabrás
Stan Ford
31 de mayo, 2012
Según la leyenda carolingia este bálsamo milagroso, que cura todos los males, lo encuentran en Roma Fierabrás y su padre, el rey sarraceno Balan, en unos barriles que contenían el bálsamo con que se ungió a Jesucristo al descenso de la Cruz.
La situación de España, con el déficit público disparado, la economía bajo mínimos, el desempleo en máximos históricos, la prima de riesgo en zona de intervención y el sector bancario en graves dificultadas, parece pedir una solución milagrosa. Quizá por ello buen número de voces de sindicatos, partidos políticos, y medios de comunicación proponen su propio bálsamo de Fierabrás: aumentar la inversión y el gasto público para fomentar el crecimiento. Esto, desde mi punto de vista no es una política deseable ni posible por varios motivos.
El primero es que España, en los años del boom 2003 – 2007, aumentó fuertemente el gasto público y una parte considerable de este aumento no fue a mejorar los servicios al ciudadano, sino a aumentar las estructuras administrativas, políticas y sindicales y a pagar gastos prescindibles. Si ahora se aumenta el gasto se consolidarán estos excesos. Por eso la primera prioridad del gobierno debe ser racionalizar el gasto eliminando la parte superflua.
El segundo es que la inversión pública se rige por criterios políticos además de económicos y por ello suele ser poco eficiente y, al ser en gran parte en infraestructuras, crea poco empleo y temporal. Buena parte de la inversión pública desde el 2003 ha sido inadecuada, desde el aeropuerto de Ciudad Real al plan E o el AVE a Cuenca, y nos ha dejado un país, por poner un ejemplo, con 51 universidades públicas y 47 aeropuertos, más que Francia o Alemania, muchos de ellos sin clientes.
El tercero es que el retraso en racionalizar el gasto y la inversión públicos es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. El sector público español lleva cuatro años, de 2008 a 2011, endeudándose para gastar mucho más de lo que ingresa, con políticas de estímulo (como los 11.000 millones del plan E en 2009) y con comunidades autónomas y ayuntamientos gastando (que no pagando) sin control, sin más resultado que el aumento del paro y de la deuda.
Y el cuarto es, sencillamente, que no podemos. Los inversores ya no nos prestan dinero en condiciones razonables, no por afán especulativo, sino porque temen que no se les pague a su vencimiento, y motivos tiene0n para ello: el bono griego se cotiza al 30% del nominal, y el portugués por debajo del 60%. Los inversores que los tomaron en su emisión han perdido entre el 40% y el 70% en una inversión que entonces parecía muy segura. España ha duplicado su deuda en los últimos cuatro años, el déficit ha estado aumentando hasta el año pasado, y el éxito de las medidas del actual gobierno está por ver. En estas condiciones ¿invertiría usted sus ahorros en deuda española o en deuda alemana, si las dos pagaran el mismo interés? Pues los mercados igual.
Por todo esto la contención del déficit es insoslayable, y así lo entiende el gobierno, que está tomando una serie de medidas de reducción de dicho déficit.
Es pronto para evaluar la eficacia de estas medidas, en parte porque la información que da el gobierno es puntual, escasa e incompleta. Sería conveniente para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía y de los inversores que hubiera un responsable de economía que inspirara confianza y explicara cuál es la situación, lo que se está haciendo para corregirla, los objetivos y su cumplimiento con la mayor cobertura y frecuencia posibles.
Por desgracia el gobierno no lo está haciendo, y pienso que esto hace que los inversores estén más retraídos, nuestros socios de la unión europea más preocupados y la ciudadanía más descontenta. Para ayudar a la comprensión de los problemas a que nos enfrentamos y sus posibles soluciones añado un borrador de plan.
Situación de partida
Desde 2008, al coincidir la crisis financiera mundial con el estallido de la burbuja inmobiliaria española, se detiene la economía, aumenta el gasto público y caen los ingresos. Esto ha llevado a los déficits ya comentados y a un desempleo (según la EPA) que pasa de 1.834,000 a 4,833,000 parados.
Además, a causa de la mala situación de los bancos y cajas y las dificultades financieras del sector público la economía ha secado desde 2008 el flujo del crédito, causando una cadena de retrasos y fallidos que ha condenando a la desaparición a infinidad de pequeñas y medianas empresas, que han cerrado y cierran por millares, víctimas de la caída del negocio y la imposibilidad de cobrar y de encontrar financiación, ni siquiera cuando el deudor es una entidad pública.
El gobierno se ha comprometido, dentro de un pacto general de los países del euro, a reducir el déficit público del año 2013 hasta el 3%, lo que requiere reducir unos 60,000m.
Para reducir el déficit, detener la caída del empleo, mantener la red de apoyo social y recuperar la confianza de los inversores, nuestros socios y la ciudadanía necesitamos recuperar el crecimiento, aumentar los ingresos públicos y reducir los gastos. Veamos el plan para cada uno.
Fomentar el crecimiento
El crecimiento tiene que venir de los emprendedores privados nacionales o extranjeros y el papel del sector público debe ser el de ayudarles facilitando la financiación, eliminando trabas regulatorias y administrativas y reduciendo el riesgo laboral. Para ello debe:
1) Resolver los problemas del sector bancario para que pueda financiar la actividad productiva.
2) Buscar esquemas de financiación a las PYMES que ayuden a subsistir en un entorno desfavorable. El descuento de facturas es primordial, y en el caso de que los deudores sean entidades públicas debería ser automático.
3) Reducir al mínimo los trámites y dificultades a la inversión productiva en cualquier sector: regulaciones, plazos, licencias, tasas, tarifas, horarios, etc. Es mucho más eficaz dejar que se abra el bar o el taller y luego inspeccionar si cumple la normativa que mantener el negocio sin abrir.
4) Igualar, en todo lo posible y hacia mínimos, la regulación en toda España.
5) Completar y aplicar la reforma laboral, para reducir el riesgo de la contratación, crear oportunidades para los jóvenes y aumentar la competitividad de la economía.
6) Recuperar la construcción y las industrias auxiliares. Somos el país menos poblado de la Europa del euro, y ofrecemos un conjunto de clima, servicios públicos, sanidad, infraestructuras y seguridad ciudadana únicas para fomentar el turismo y el asentamiento de jubilados. Hay que crecer en este campo, recuperando la confianza en el mercado interno y mejorando la oferta al mercado exterior. Para ello la iniciativa privada tiene que volver al sector. A fin de que el sector público deje de ser ua lastre y pase a ser un apoyo debe:
a) Facilitar fiscal y financieramente la salida de los stocks acumulados.
b) Reducir la normativa y facilitar la concesión de licencias y eliminar la corrupción en materia urbanística.
c) Reducir el papel de las corporaciones municipales, que tendrán que financiarse, al menos de momento, por otras vías.
d) Asegurar la seguridad jurídica en los temas urbanísticos.
Estas políticas pueden parecer evidentes, pero la administración con frecuencia actúa contra los intereses, al menos aparentes, del conjunto de los administrados. En el País de Andalucía del 22 de Mayo 2012 aparece la noticia de que la junta acaba de denegar el permiso a la construcción de 9 campos de golf con urbanización. La norma se dictó en época de burbuja inmobiliaria para frenar la urbanización indiscriminada y lleva cuatro años sin cambiarse mientras se multiplica el paro, un 45$ en la actualidad, particularmente en la construcción y cierran las fábricas y tiendas de industrias auxiliares. En los cuatro años solo se ha aprobado un proyecto.
La puesta en marcha de estas políticas quizás tarde en hacer efecto, pero es la única vía para conseguir resultados duraderos.
Aumentar los ingresos
Lo óptimo sería salir de la crisis sin asaltar el bolsillo de los ciudadanos por mayores impuestos o por mayor cobro de los servicios públicos. Si esto no es posible habrá que tomar medidas, que deberían ser temporales, para recuperar los ingresos públicos. El gobierno debe dar un presupuesto del montante global a conseguir por los aumentos de ingresos, que incluyen:
1) Subidas de impuestos: Ya hay varias previstas, como IRPF, patrimonio en la mayor parte del país, sociedades, quizás IVA, etc.
2) Reducción del fraude: Hay sectores enteros de la población española no empleada que apenas tributan
3) Cobro de servicios, o aumento en servicios que ya se cobran: Hay una larga lista: medicinas, enseñanza universitaria, transporte público, museos, autopistas, servicios municipales…Son servicios que cuestan mucho más de lo que se cobra, que unos ciudadanos utilizan y otros no, cuyo cobro puede variar según el potencial económico del usuario y que en muchos casos utilizan los no españoles. Pienso que un debate sobre los principios a aplicar podría ser conveniente.
4) Venta de activos públicos no indispensables: Desde Aena y Loterías a palacios presidenciales, edificios públicos innecesarios, televisiones autonómicas, parques móviles, autopistas para su explotación… Cataluña ha emprendido ese camino, que debería seguir el resto del sector público.
Reducción de gastos
Los ciudadanos son conscientes de que el gasto se ha descontrolado en los años previos a la crisis, y esperan del gobierno que, además de reducir y cobrar servicios, eliminen gastos innecesarios. Para reducir estos gastos es indispensable una revisión caso a caso, quizá sobre un presupuesto de base cero, para examinar la necesidad de cada partida.
Sin ánimo de ser exhaustivo se dividen las partidas de gasto que se deben reducir drásticamente en cuatro grupos:
1) Gastos duplicados: hay tres niveles en la administración: central, autonómica y local, separados y autónomos entre sí. Esto causa duplicaciones en las estructuras judiciales, legislativas, administrativas y de gestión que hay que reducir.
2) Gastos suntuarios: cada uno de los tres niveles de administración ha creado estructuras de representación para subrayar su jerarquía: palacios presidenciales, parlamentos autonómicos, tribunales supremos, aeropuertos vacíos, representaciones en el extranjero, televisiones públicas, radios municipales, subvenciones a periódicos afines. Multiplicación de universidades, a veces a escasos kms, teatros de la Opera, Ciudades de la Cultura. Coches oficiales, conductores, guardaespaldas, Jefes de protocolo, etc.
3) Gastos ineficaces: Cuestan mucho más que la labor que realizan, y que se podrían cubrir por otros medios: Diputaciones provinciales, empresas públicas estatales, autonómicas y municipales, cámaras de comercio, ayuntamientos en pueblos pequeños, etc.
4) Gastos innecesarios: que no debían ser sufragados por la hacienda pública en ninguno de sus niveles: subvenciones a patronales, sindicatos y religiones, gastos personales de empleados públicos, etc.
En estos cuatro grupos el objetivo debe ser una reducción muy sustancial y la eliminación cuando sea posible. Cada uno de estos gastos beneficia a intereses especiales que lucharán por todos los medios para mantenerlos y eso hace indispensable recabar el apoyo de los ciudadanos a través de la información.
Para el resto de los gastos, donde están casi todos los servicios a los ciudadanos, es indispensable aplicar criterios de eficacia para mejorar las prestaciones.
El gobierno, con la división por partidas que corresponda, debe realizar una previsión del montante global a obtener por la racionalización del gasto e informar con frecuencia y detalle sobre el cumplimiento de objetivos.
Epílogo
En conjunto es un esfuerzo monumental, como monumentales han sido los excesos que nos han traído hasta aquí. Ahora es necesario realizarlo con profesionalidad, dejando de lado los intereses de gremio y de partido, y dando información.
Es un esfuerzo de todos. El bálsamo de Fierabrás en forma de eurobonos o planes europeos de crecimiento son bienvenidos, pero sólo servirán ni todos hacemos los deberes que nos toquen.
Quiero pensar que nuestro gobierno tiene un plan global para sacarnos de ésta. Si no lo tiene, mal vamos; si lo tiene, los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo.
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